Como ya comentaba en la entrada sobre el Requerimiento en la corona castellana habí­an surgido serias preocupaciones por el maltrato inferido por algunos encomenderos contra los indí­genas. Estos hechos podrí­an deslegitimar la conquista y colonización de las nuevas tierras, ya que esta legitimación se basaba en las bulas papales de Alejandro VI y en ellas era imprescindible la cristianización de aquellas regiones y, evidentemente, maltratando no se cristianizaba. Así­ lo entendió el rey Fernando que querí­a dotar de razón y justicia a toda su actuación polí­tica y para ello reunió en diciembre de 1512 en Burgos a los más importantes juristas y teológos españoles de la época para debatir sobre este asunto. Hecho absolutamente sin parangón en la historia de la humanidad el que una potencia conquistadora se autocriticase y revisase su propia actuación sin denuncia ni presión extranjera previa.

La chispa que hizo explotar el barril fue el famoso sermón de adviento del dominico Fray Antón de Montesinos en Santo Domingo en el que acusó a los colonos españoles de maltratar a los nativos que trabajaban para ellos y les negó la confesión, sucesos que llegaron hasta Castilla y provocaron la condena del superior de los dominicos, Fray Alonso de Loaysa, a sus propios compañeros y del rey Fernando que ordenó que el fraile fuera conducido a España para ser castigado por poner en duda las órdenes reales ejecutadas en el Nuevo Mundo. La Encomienda era una de ellas.

La consecuencia inmediata fue la convocatoria de la Junta de Burgos que dio como resultado las Leyes de Burgos de 1512. Se celebraron más de veinte sesiones en la Sala Capitular del desaparecido Convento Dominico de San Pablo bajo la presidencia del obispo Juan Rodrí­guez de Fonseca.

Estas leyes constituyeron dos hechos importantí­simos en sí­ mismos:

1º – Era el primer texto normativo de carácter general sobre el tratamiento de los indios en la América recién descubierta.

2º – Fue el embrión de una nueva teorí­a filosófica, teológica, jurí­dica y social que determinó el nacimiento del Derecho Internacional y el reconocimiento de los Derechos Humanos.

La denominación original de estas leyes fue el de “Ordenanzas reales para el buen regimiento y tratamiento de los yndios”. Constaba de 35 leyes o artí­culos que regulaban el régimen de los indios, sus condiciones personales de vida y de trabajo, sus derechos, los lí­mites a su utilización como mano de obra, etc, y lo que es más importante se reconocí­an por primera vez su condición de hombre libre y titular de derechos humanos básicos, como el de la libertad y la propiedad.

La Junta llegó a las siguientes conclusiones:

1. Los indios son libres y deben ser tratados como tales, según ordenan los Reyes.

2. Los indios han de ser instruidos en la fe, como mandan las bulas pontificias.

3. Los indios tienen obligación de trabajar, sin que ello estorbe a su educación en la fe, y de modo que sea de provecho para ellos y para la república.

4. El trabajo que deben realizar los indios debe ser conforme a su constitución, de modo que lo puedan soportar, y ha de ir acompañado de sus horas de distracción y de descanso.

5. Los indios han de tener casas y haciendas propias, y deben tener tiempo para dedicarlas a su cultivo y mantenimiento.

6. Los indios han de tener contacto y comunicación con los cristianos.

7. Los indios han de recibir un salario justo por su trabajo.

Estas conclusiones supusieron la permanencia y vigencia de la Encomienda pero regulando y fijando el trato que habí­an de recibir los indios.

Los dominicos no quedaron contentos y siguieron protestando consiguiendo la aprobación de nuevas mejoras en las Leyes de Valladolid del año siguiente, 1513, sobre todo referentes a las mujeres y los niños indios.

Su aplicación fue más bien limitada, el poder de los encomenderos y las grandes extensiones donde debía de ser vigilada su aplicación lo hicieron muy difícil pero ahí­ estaba y quedaba el esfuerzo de la corona por mejorar la calidad de vida de los nativos americanos.